El biogás tiene el potencial de convertirse en uno de los grandes motores de la transición energética en la España vaciada. Pero entre los datos prometedores, los proyectos inspiradores y las protestas vecinales y ecologistas, la tecnología más local de las renovables se debate entre la oportunidad y el conflicto.
El biogás no es una tecnología nueva ni experimental. Es, en su esencia, el resultado de dejar que la naturaleza haga lo que siempre ha hecho: descomponer la materia orgánica. Lo que cambia es que ahora ese proceso se controla, se optimiza y se aprovecha para generar electricidad, calor o biometano. Y los residuos que sobran, el llamado digestato o digerido, regresan al campo como fertilizante natural, cerrando así un ciclo que la industria lleva años intentando llamar por su nombre: economía circular.
Pero no todos los actores del proceso tienen tan claro que el biogás sea tan limpio y positivo, y muchas organizaciones ecologistas de nuestro país están posicionándose en contra. ¿El problema es el biogás o cómo se están haciendo las cosas en nuestro país?
El potencial del biogás rural en España
Los datos son contundentes. España tiene un enorme potencial para producir biometano: más de 163 TWh anuales, según un informe de Sedigas y PwC, lo que equivaldría a cubrir el 45% del consumo total de gas del país. Pero las cifras del sector van aún más lejos. Un informe elaborado por la Asociación Española de Biogás (AEBIG) concluye que España cuenta con un potencial para la generación de biogás a partir de cultivos en rotación que puede alcanzar los 300 TWh si se emplearan la práctica totalidad de tierras disponibles. El objetivo más realista y alcanzable sería otro: llegar a una producción de 60 TWh en 2030, siempre que se contara con un plan de apoyo adecuado. Y lo más importante: dicha meta podría alcanzarse sin necesidad de reducir la actual producción agrícola española. Más bien al contrario, los expertos sostienen que incentivaría la actividad del campo.
El objetivo oficial que marca el Gobierno de España es una producción mínima de biogás de 10,41 TWh anuales en 2030. Esto es lo que contempla la Hoja de Ruta del Biogás aprobada en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Un objetivo que muchos especialistas consideran excesivamente conservador.
El campo como generador de biogás
La lógica del biogás es profundamente rural. Puede contribuir a combatir la despoblación rural y a alcanzar los objetivos que plantea el reto demográfico, generando sinergias con las necesidades de reactivación de las zonas en proceso de transición justa. A diferencia de la solar o la eólica, que pueden instalarse casi en cualquier lugar con sol o viento, el biogás tiene una lógica de proximidad: necesita residuos orgánicos cerca, y devuelve fertilizante al mismo territorio que los generó. Los purines no se tratan como un residuo, sino como un recurso. El campo produce, la planta transforma y el campo vuelve a recibir un beneficio directo.
Este modelo ya está funcionando en Dinamarca, Alemania u Holanda desde hace décadas. En Dinamarca, las plantas de biogás se gestionan muchas veces desde cooperativas agrícolas y ganaderas, y gracias a ellas el país ha logrado inyectar grandes cantidades de biometano en su red nacional, reduciendo su dependencia energética exterior. En Alemania, el uso del fertilizante natural procedente de las plantas de biogás ha mejorado notablemente la fertilidad de los suelos.
La comparación que hacíamos al principio entre España y Francia no es sólo cuantitativa. Es también un espejo de modelos distintos de gestionar el territorio. En regiones francesas como Bretaña o el Gran Este, los agricultores, municipios y cooperativas llevan años integrados en modelos energéticos que devuelven valor al territorio. La metanización agrícola allí no es excepcional, es estructural.
En España, en cambio, hasta hace poco no existía una legislación clara que propiciase la generación de biogás, tal y como ocurría en otros países europeos. Por eso las empresas miran ahora hacia el campo, y por eso muchos pueblos empiezan a recibir propuestas de proyectos. Pero el despliegue del biogás requiere de un marco regulatorio estable y adecuado que incida en la simplificación administrativa y en la valorización energética de la biomasa residual frente a otras opciones más contaminantes. Sin ese marco claro, los promotores se pierden en laberintos burocráticos y los municipios reciben proyectos sin suficiente información para evaluarlos.
Cuando los vecinos dicen no
Pero hay otra cara del mapa. No todos los pueblos reciben con los brazos abiertos las propuestas de instalar una planta de biogás en sus proximidades. Y las razones no siempre tienen que ver con desconocimiento o con rechazo a las energías renovables. A veces es por cómo se presentan los proyectos, desde quién, con qué transparencia y con qué beneficios reales para el municipio.
En Carrión y Torralba de Calatrava (Ciudad Real), la presión vecinal logró paralizar proyectos ya avanzados. La Plataforma «La Moraña Stop Biogás» lleva meses movilizada en Aldeaseca (Ávila), contra una planta autorizada por la Junta, y estudia emprender acciones judiciales. En otras zonas, como Navarra o La Rioja, se han producido protestas similares. ¿Qué tienen en común estas localidades? Que los vecinos se enteraron tarde, tuvieron poca información, miedo a los olores o al impacto en el agua. También fue recurrente la sensación de que las decisiones se toman desde fuera, sin contar con quienes viven allí. No hablamos de grupos ecologistas radicales, sino de agricultores, jubilados, madres y padres, alcaldes y técnicos de ayuntamiento.
Otro ejemplo es la Confederación Intersindical, que en noviembre de 2025 convocó una manifestación en León reclamando respeto para el medio rural y son es especialmente críticos con la proliferación de proyectos de biogás vinculados a macrogranjas. Su manifiesto, firmado por organizaciones políticas, sindicales y ecologistas de Castilla y León, exige una planificación de las instalaciones energéticas que están proliferando sin control, estableciendo una moratoria para las macrogranjas y las plantas de biogás. En su texto señalan que se percibe al mundo rural como una oportunidad de negocio, sin considerar a sus habitantes ni la protección del entorno natural. Es decir, el problema de siempre de nuestro país.
La escala, la clave
El debate, según los especialistas del sector, no es si el biogás es bueno o malo. Es una cuestión de escala, de gobernanza y de quién controla el proceso. Las entidades de referencia en el sector —AEBIG, AVAESEN y GASNAM— coinciden en una idea clave: no basta con cumplir la ley. Las empresas deben ir más allá y construir una relación de confianza con la comunidad. Eso significa escuchar desde el principio, explicar con lenguaje claro, garantizar empleo local y permitir auditorías independientes. Las plantas bien diseñadas según lo que establece la ley no huelen, no contaminan y no generan ruidos molestos. Pero la tecnología, por sí sola, no genera confianza. Hace falta un proceso participativo previo.
Los buenos ejemplos existen. El proyecto de Genia Bioenergy en Cantaracillo (Salamanca) se promovió en colaboración con ganaderos locales, con contratos transparentes y beneficios compartidos. La planta de Torre Santamaría en Girona, promovida por la empresa Axpo, o el proyecto de la Cooperativa Grupo Arcoiris en Valderrobres (Teruel) demuestran que cuando hay diálogo real, los proyectos no solo salen adelante, sino que son bienvenidos.
El modelo cooperativo como respuesta
Las cooperativas permiten que agricultores y ganaderos gestionen de forma conjunta procesos que individualmente serían demasiado costosos o complejos. En el ámbito del biogás, esta cooperación es todavía más relevante. La cooperativa murciana Gesalor, integrada por 200 cooperativistas del sector porcino, tiene actualmente dos plantas en construcción, una en Barranco Hondo (Lorca) y otra en Fuente Álamo. Su modelo es sencillo en su efecto: los purines llegan a la planta, se transforman mediante procesos biológicos en biogás y este se convierte en energía limpia. Después del proceso queda un subproducto estable que se emplea como fertilizante natural para mejorar los suelos agrícolas sin recurrir a químicos sintéticos.
El ejemplo de Aras de los Olmos, en Valencia, apunta en la misma dirección. Este pequeño municipio ha decidido combinar solar, eólica y biogás en una comunidad energética local donde los vecinos participan activamente. No es solo una instalación técnica: es un proyecto colectivo que nace del territorio y devuelve beneficios al mismo.
El futuro del biogás, también en los cultivos
Más allá de los purines y los residuos ganaderos, existe otra vía poco explorada todavía en España: los cultivos de rotación. El biogás producido a partir de cultivos en rotación no sólo es neutro en carbono, sino incluso carbono negativo, y las tierras en cultivo suponen un sumidero de digestatos. Reemplazar los fertilizantes minerales con estos digestatos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.
Castilla y León es la región con mayor potencial para este modelo, seguida de Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Los cultivos más apropiados serían el maíz, el triticale, el trigo o el raigrás. El biogás, en este escenario, no compite con la producción de alimentos, sino que la complementa.
La voz ecologista: cuando lo «bio» tiene trampas
Como hemos dicho antes, hay una crítica al biogás que no viene de los vecinos ni de los técnicos municipales, sino del movimiento ecologista y animalista. Y merece escucharse con la misma atención que el resto. Porque la pregunta que plantea es incómoda y legítima: ¿puede llamarse realmente verde una energía que, en ciertos modelos, incentiva y financia la ganadería intensiva?
Cuando los proyectos de biogás llegan a los municipios, junto a los vecinos preocupados aparecen plataformas de defensa animal ya que, como hemos visto, una parte significativa de la materia orgánica que alimenta los biodigestores procede de la ganadería industrial. Y la conexión entre energía renovable y bienestar animal debe estar garantizada.
Más allá de eso, las asociaciones ecologistas defienden también que los purines contienen elementos tóxicos. De hecho, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) afirma que, incluso tras procesarse en digestato, continúan contaminando agua, aire y suelo con nitratos, fosfatos, amoníaco y metales pesados. Y el sector ganadero español, recordemos, genera más de 70 millones de toneladas de estiércol al año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, una cifra que podría aumentar si el biogás convierte estos residuos en un negocio rentable.
El incentivo perverso
Por eso, el argumento que más incomoda al sector del biogás es el que la bióloga Rosa Más, de la Plataforma de Defensa Animal, expuso durante nuestra entrevista: «Ninguna transición energética puede considerarse realmente ecológica si se sostiene sobre el sufrimiento animal y la destrucción medioambiental. La ciencia ya no deja lugar a dudas sobre la capacidad de sintiencia de los demás animales, pero seguimos tratándolos como simples recursos».
Analizando toda la imagen vemos que el razonamiento es sencillo y difícil de rebatir: si los purines de una macrogranja dejan de ser un pasivo costoso para convertirse en una fuente de ingresos, el incentivo para mantener o ampliar esa macrogranja no desaparece, sino que crece. Y así, la industria del biogás generaría una paradoja: convertir los desechos ganaderos en un recurso rentable, creando un incentivo económico para mantener y expandir la ganadería intensiva.
Frente a esto, las organizaciones animalistas y parte del ecologismo proponen repensar el modelo y priorizar fuentes de biogás procedentes de residuos agrícolas vegetales, restos de poda o residuos urbanos orgánicos, reduciendo la dependencia de la ganadería intensiva. Una propuesta que coincide, por cierto, con la línea que defienden los proyectos más valorados por las propias comunidades rurales: los que funcionan con los residuos del territorio, no los que necesitan importar materia prima de granjas industriales lejanas.
Tecnología, territorio y comunidad
Hay una opción de transición energética posible, pero debe nacer del territorio. Debe cerrar ciclos de verdad, no perpetuar granjas industriales y devolver a los pueblos algo más que un cartel de «zona de interés energético». Y hay otra opción, repetir los errores del pasado colocando sólo una etiqueta verde. La diferencia está en las decisiones que se toman antes de construirlo.
Por eso la energía del futuro no sólo debe ser renovable. También tiene que construirse con los vecinos, no a sus espaldas. El biogás puede contribuir al desarrollo de la economía circular, el reto demográfico y la transición energética justa e inclusiva. Pero para eso, debemos reclamar una planificación rigurosa, proyectos dimensionados a la realidad del territorio y municipios con protagonismo real en las decisiones que afectan a su suelo, su agua y su futuro.
