Un vacío legal que la asociación empresarial ha explotado durante más de dos décadas deja a los municipios sin 1.700 millones de euros anuales. Así lo afirma el estudio de Greenpeace. Esa cifra equivale a la mitad de lo recaudado este año con la nueva tasa de residuos.
Las nuevas tasas de basuras que los españoles han empezado a pagar en 2025 esconden un agujero multimillonario que nadie quiere asumir. Según Greenpeace, Ecoembes, la asociación que agrupa a gigantes como Coca-Cola, Nestlé o Mercadona, lleva más de veinte años sin pagar a los ayuntamientos el coste real de recoger y gestionar los envases que sus empresas ponen en circulación cada día en España.
El déficit asciende a 1.700 millones de euros al año según un estudio de Greenpeace publicado en 2021. Esta cantidad representa casi el 50% de los 3.488 millones de euros que han recaudado los ayuntamientos españoles con las nuevas tasas de residuos hasta octubre de 2025. Es decir, sólo con lo que Ecoembes deja de abonar se podría financiar prácticamente la mitad de las polémicas tasas que han llegado a los hogares este año.
¿Cómo se debe aplicar la normativa?
El problema radica en cómo Ecoembes ha interpretado durante décadas la normativa medioambiental. Entre 1997 y 2022, la organización entendió que sólo debía compensar a los consistorios por los envases recuperados en los contenedores amarillo, azul y verde. Sin embargo, el 70% de los envases de plástico, metal, vidrio y cartón acaba en los contenedores de restos o en las papeleras de la calle. Y aquí está la «trampa», ya que este coste de gestión también debe ser asumido por quien los pone en el mercado, según el principio europeo de «quien contamina paga«.
«Entre el 30% y el 40% de los costes de recogida de basuras de un municipio se destinan a tratar residuos que están dentro de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, pero yo calculo que los productores sólo pagan el 15% de ese coste«, explica Francisco Peula, director de la ONG Rethinking y autor del estudio de Greenpeace.
Ignasi Puig, experto en tasas de residuos de la Fundación ENT, confirma que existe un «desequilibrio» evidente. «Hasta ahora Ecoembes y otros Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) han soportado en el mejor de los casos el coste de la recogida separada, pero no el littering (las papeleras) ni la gestión de residuos de fracción restos«, señala el especialista.
Una ley que Ecoembes parece no aplicar
Para cerrar este agujero, el Ministerio de Transición Ecológica introdujo en 2022 en la ley de envases que «los sistemas de responsabilidad ampliada del productor financiarán todos los costes» que tengan las entidades locales por la gestión de los residuos de envases. La norma busca obligar a Ecoembes a pagar no sólo por los envases del contenedor amarillo, sino también por los que van al gris, al naranja o a las papeleras.
Sin embargo, tres años después, la gran mayoría de comunidades autónomas aún no ha actualizado sus convenios con Ecoembes. Los pagos que reciben los ayuntamientos siguen rigiéndose por acuerdos firmados mayoritariamente en 2014. Sólo Cataluña, Navarra y Canarias han modernizado sus contratos. El resto de regiones llevan casi un año negociando con la organización empresarial, y si no alcanzan un pacto antes de marzo de 2026, la disputa acabará en arbitraje.
Mientras tanto, los ciudadanos están asumiendo ese coste extra en las nuevas tasas de basuras que han entrado en vigor este año, con un importe medio de 116,32 euros en 2025, un 16,2% más que en 2024, muy por encima del IPC.
Recursos judiciales contra el impago de Ecoembes
La situación ha desencadenado una oleada de recursos judiciales en 88 municipios de la Comunidad de Madrid por obligar a los vecinos a pagar la parte que correspondería a Ecoembes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha admitido a trámite el recurso contra Boadilla del Monte.
Los datos son contundentes: los presupuestos municipales de 2025 muestran un gasto total en gestión de residuos de 5.325 millones de euros frente a unos ingresos por tasas de 3.488 millones, lo que representa una cobertura del 65,5%. Este déficit, cercano a los 2.000 millones, evidencia que el sistema actual no es sostenible.
Desde Ecoembes defienden que los pagos que realizan a los consistorios se ajustan a la legalidad vigente y que todos los convenios cuentan con «suficiente cobertura jurídica«. Sin embargo, los expertos y las organizaciones medioambientales insisten en que en España circulan cada día más de 50 millones de envases cuyo coste de gestión completo no está siendo asumido por quienes los fabrican y los ponen en el mercado.
El reciclaje: una herramienta clave que no debe quedar en entredicho
Más allá de las disputas sobre quién debe asumir los costes, el reciclaje sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático.
Los datos más recientes lo confirman: en 2024 el reciclaje de 1,56 millones de toneladas de envases permitió ahorrar 1,86 millones de toneladas de CO₂ emitidas a la atmósfera, 8,339 millones de MWh de energía y 15,21 millones de m³ de agua. Además, se evitó la extracción y uso de más de 1,5 millones de toneladas de materias primas vírgenes, dándoles una nueva vida para convertirlas en textiles, mobiliario urbano o tuberías.
Estas cifras demuestran que cada gesto cuenta, por lo que el debate sobre la financiación del sistema no debe desviar la atención del objetivo principal: lograr que el principio de «quien contamina paga» se aplique de forma efectiva.
La solución no pasa por cuestionar la validez del reciclaje, sino por exigir que todos los actores de la cadena, especialmente las grandes empresas, asuman su parte justa de responsabilidad. Sólo así se podrá construir un sistema verdaderamente sostenible donde ni el medioambiente ni los ciudadanos paguen las consecuencias de un modelo económico que aún debe evolucionar hacia la economía circular real.</strong>
