La nueva Ley de Movilidad Sostenible fomenta el tren frente al avión en distancias cortas y se recupera el compromiso de puntualidad de Renfe y los reembolsos previos asociados, toda una victoria para los usuarios. Además, reconoce la movilidad sostenible como un derecho ciudadano, obligando a más de 10.000 empresas a crear planes de transporte para ir al trabajo. Así, España establece el camino hacia la neutralidad climática de España en 2050.
El pasado jueves 5 de diciembre entró en vigor en España una de las reformas más ambiciosas en materia de transporte de las últimas décadas. La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, marca un antes y un después en la forma de entender los desplazamientos en nuestro país. Por primera vez, la movilidad deja de ser una prestación más para convertirse en un derecho fundamental, al mismo nivel que la educación o la sanidad.
«La movilidad desempeña un papel fundamental en la vida de las personas«, reconoce el preámbulo de la norma, que vincula explícitamente este derecho con el acceso al trabajo, la educación y la protección de la salud. Un cambio de filosofía que coloca a las personas, y no a los vehículos, en el centro del sistema.
La nueva legislación llega en un momento crítico. El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. Más preocupante aún: la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estima que más de 20.000 muertes prematuras anuales en España están relacionadas con la contaminación atmosférica procedente del tráfico, especialmente por dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión.
Las empresas, en el punto de mira de la Ley de Movilidad Sostenible
Uno de los aspectos que generará mayor impacto inmediato es la obligación empresarial de elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST). Todas las compañías con centros de trabajo de más de 200 empleados —o 100 por turno— disponen de un plazo de 24 meses, hasta diciembre de 2027, para negociar e implantar estos planes con la representación de los trabajadores.
Según estimaciones del sector, más del 50% de las empresas españolas aún no dispone de un plan de movilidad, lo que supone un reto mayúsculo para unas 10.000 compañías que tendrán que reorganizar los desplazamientos de millones de empleados. Los planes deberán incluir medidas concretas: fomento del transporte colectivo, movilidad activa (a pie o en bicicleta), opciones de bajas emisiones, impulso al coche compartido, facilidades para la recarga de vehículos eléctricos e incluso teletrabajo cuando sea viable.
El incumplimiento no es gratuito, aunque la sanción económica es sólo una parte del problema. «La anticipación es clave: un PMST requiere tiempo, recursos, análisis técnico y coordinación con múltiples agentes».
Del asfalto a los datos: la revolución digital del transporte
La ley no sólo regula el presente, sino que sienta las bases tecnológicas del futuro. Entre sus novedades más destacadas está la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una plataforma digital que centralizará información en tiempo real sobre la oferta y demanda de transportes en todo el país. Operadores, gestores públicos y empresas privadas estarán obligados a compartir sus datos de forma gratuita y actualizada en el Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal.
Este big data al servicio del ciudadano permitirá, por ejemplo, planificar rutas multimodales óptimas, conocer en tiempo real la disponibilidad de servicios o evaluar el cumplimiento de los objetivos climáticos del sector. La transparencia total que promete el sistema busca mejorar la toma de decisiones públicas y fomentar la innovación en un sector que mueve cada año más de 3.000 millones de viajes urbanos en transporte colectivo, según el Instituto Nacional de Estadística.
Menos aviones, más trenes en la nueva Ley de Movilidad Sostenible
Uno de los puntos más comentados —y también más polémicos— de la ley es el mandato al Ministerio de Transportes de presentar en seis meses un estudio para reducir los vuelos domésticos en rutas donde exista alternativa ferroviaria con una duración inferior a dos horas y media. La medida, que ya aplican países como Francia desde 2023, busca aprovechar la extensa red de alta velocidad española para disminuir las emisiones del transporte aéreo.
Paralelamente, la norma recupera los compromisos de puntualidad de Renfe anteriores a julio de 2024, cuando se flexibilizaron de forma controvertida. A partir del 1 de enero de 2026, los retrasos de 15 y 30 minutos en servicios de alta velocidad y larga distancia volverán a dar derecho a reembolsos del 50% y 100% del importe del billete, respectivamente. Una victoria para los usuarios que habían visto cómo los umbrales se elevaban hasta los 60 y 90 minutos.
Los ayuntamientos podrán cobrar por contaminar
La ley abre también la puerta a que los municipios que lo deseen establezcan tasas por la circulación de vehículos contaminantes dentro de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, permite que los ayuntamientos cobren por circular con vehículos que superen los límites de emisiones establecidos, una medida que podría generar nuevos ingresos para financiar el transporte público y desincentivar el uso de coches más contaminantes.
Además, en menos de dos años, el Gobierno deberá presentar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, un concepto que la propia ley define por primera vez y que busca garantizar que todos los ciudadanos, con independencia de su renta o ubicación geográfica, puedan acceder a servicios básicos de movilidad.
Un laboratorio para la movilidad del futuro
Entre las apuestas más innovadoras de la norma destaca la creación de un «sandbox» o espacio controlado de pruebas para proyectos de movilidad disruptiva. Bajo supervisión del Ministerio de Transportes, empresas y organizaciones podrán testar, en condiciones reales, tecnologías como los aerotaxis, vehículos autónomos o nuevos modelos de transporte compartido, con el objetivo de que la regulación evolucione al ritmo de la innovación y no al revés.
La ley también establece un nuevo marco para la planificación de infraestructuras, exigiendo evaluaciones económicas, sociales y ambientales previas a cualquier gran proyecto, así como análisis posteriores a su puesta en servicio. Una respuesta a las críticas de organismos como la AIReF, que en 2020 alertó sobre la necesidad de someter las inversiones en transporte a criterios de rentabilidad socioeconómica más rigurosos.
Fondos europeos y coordinación territorial para la Ley de Movilidad Sostenible
La norma nace también como respuesta al compromiso de España con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su aprobación abre las puertas a más de 10.000 millones de euros en fondos europeos para modernizar el transporte español.
Para coordinar esta transformación, la ley crea el Sistema General de Movilidad Sostenible, que incluye el Foro Territorial de Movilidad Sostenible (donde participarán Estado, comunidades autónomas y grandes ciudades) y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, que integrará a todos los actores del sector. Además, se establecerá el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), una hoja de ruta común con vigencia de hasta 10 años.
Otro elemento clave es la creación del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ), destinado a cofinanciar los costes operativos del transporte público urbano e interurbano. Los beneficiarios principales serán los municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y autoridades metropolitanas, aunque su puesta en marcha queda condicionada a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El reto de la cohesión territorial
Un aspecto especialmente relevante de la ley es su apuesta por garantizar la movilidad en zonas rurales y de baja densidad de población. La norma obliga a repensar el actual mapa concesional de autobuses de competencia estatal, que debe aprobarse en el plazo de un año. El objetivo: que ningún municipio pierda su conexión, incluso si las comunidades autónomas no asumen determinados servicios.
«La satisfacción a un nivel razonable de las necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, en especial la cotidiana, exige no sólo reforzar en este ámbito los principios de cooperación y coordinación«, explica el texto legal, que reconoce la necesidad de «avanzar hacia el enfoque de la cogobernanza» entre administraciones.
El futuro no espera más
La movilidad sostenible no es una moda pasajera ni un capricho burocrático: es una cuestión de supervivencia colectiva. Cada vez que elegimos cómo desplazarnos estamos votando por el tipo de ciudad, de país y de planeta que queremos legar a las próximas generaciones. Los datos son contundentes y no admiten negacionismos: más de 20.000 personas mueren prematuramente cada año en España por respirar aire contaminado, el transporte devora casi un tercio de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y la ventana para revertir la emergencia climática se cierra a velocidad de vértigo.
Con la nueva Ley de Movilidad Sostenible, España se suma a la vanguardia europea en la transformación del transporte. Esta ley no es perfecta —ninguna lo es—, pero marca un camino claro: o transformamos radicalmente nuestra forma de movernos o hipotecamos el futuro. No se trata sólo de cambiar el coche por la bicicleta o el avión por el tren; se trata de entender que la verdadera libertad de movimiento no reside en la propiedad de un vehículo privado, sino en la capacidad de acceder a cualquier lugar de forma eficiente, asequible y sin envenenar el aire que respiramos. El cambio es incómodo, sí, pero la inacción es letal. Y en ese dilema, la elección debería estar clara.
El reto ahora es hacer realidad un modelo que equilibre competitividad económica, cohesión social y responsabilidad medioambiental. El cronómetro ya corre: 2027 para las empresas, 2050 para la neutralidad climática. El viaje acaba de comenzar.
