Esta sentencia firme confirma el despilfarro de más de un millón de euros públicos del gobierno del PP y Vox en Valladolid. Ambos desmantelaron los carriles bici y bus. Ambas infraestructuras sostenibles que funcionaban y, además, favorecían la salud pública y el transporte sostenible.
El Tribunal Supremo ha puesto punto final a una de las polémicas más sonadas de la gestión municipal de Valladolid. No ha admitido el recurso de casación que el Ayuntamiento había presentado contra la sentencia que anuló la ordenanza municipal de 2023. Una ordenanza ilegal que permitió eliminar carriles bus y bici en la ciudad. La decisión judicial, ya firme e inapelable, obliga al consistorio a recuperar de inmediato todas las infraestructuras de movilidad sostenible que fueron suprimidas de forma ilegal.
Victoria civil frente a la ilegalidad de eliminar los carriles bici
Rocío Anguita, portavoz del partido local Valladolid Toma la Palabra, ha sido contundente al valorar la sentencia: “No puede ser que se hagan actuaciones ilegales, que ahora ya son con sentencia firme manifiestamente ilegales, y que no se restituya la posición inicial de todas estas nefastas actuaciones en Valladolid”.
La portavoz ha destacado que la eliminación de estos carriles supuso un gasto superior a un millón de euros de las arcas públicas. Algo aún más grave si recordamos que este dinero, de todos los vecinos, se empleó en desmantelar infraestructuras que funcionaban correctamente y eran utilizadas diariamente por miles de vallisoletanos.
Una ordenanza «inviable jurídicamente»
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró en su momento que la ordenanza infringió la Ley sobre Tráfico al limitar la utilización de las vías públicas. Además, lo hizo sin indicar a quién afectaba la restricción ni cómo se haría.
Ahora, el Supremo confirma la nulidad de una normativa que el propio tribunal regional calificó como «inviable jurídicamente hablando«. Además, el Supremo condena en costas al Ayuntamiento, lo que supondrá más despilfarro de dinero público.
Los carriles bici: infraestructuras esenciales para la salud, el medioambiente y la economía
La sentencia llega en un momento en que las ciudades europeas apuestan decididamente por potenciar la movilidad sostenible. Los carriles bici no son un capricho urbanístico, sino herramientas estratégicas para crear espacios urbanos más eficientes y resilientes.
Los datos son contundentes: los ciclistas regulares tienen un 46% menos de posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas, mientras que la contaminación atmosférica provocada por el tráfico causa en Valladolid al menos 200 muertes prematuras cada año, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Además, el coste de establecer carriles exclusivos para bicicletas es significativamente inferior al de expandir carreteras o construir puentes. Por eso, una red bien planificada puede reducir la congestión urbana, además de disminuir la necesidad de futuros proyectos viales mucho más costosos.
Movilidad sostenible: una apuesta global
Numerosas organizaciones mundiales consideran el transporte sostenible como un elemento esencial para fomentar el crecimiento inclusivo, ampliar el acceso a servicios esenciales y luchar contra el cambio climático. Por ello, En España, la Estrategia Estatal por la Bicicleta del Ministerio de Transportes prevé la creación de 1.000 kilómetros más de carriles bici y 4.100 aparcamientos durante los próximos diez años.
Ciudades como Ámsterdam ya cuentan con más de 400 kilómetros de carriles bici, y casi el 40% de los desplazamientos diarios de la ciudad se realizan en bicicleta. Eso demuestra que la apuesta por la movilidad sostenible es posible y exitosa.
Valladolid sienta jurisprudencia
Tras la sentencia en firme del Supremo, diversas asociaciones ecologistas y partidos vallisoletanos han pedido al alcalde que restituya inmediatamente el carril bici. Piden que se incluya en el trazado establecido por el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid.
Con la sentencia del Supremo en la mano y sin posibilidad de recurso, el Ayuntamiento de Valladolid no sólo tiene que restituir los carriles eliminados, sino que tendrá que dar explicaciones sobre cómo permitió un gasto millonario en actuaciones que los tribunales han declarado manifiestamente ilegales y que, además, servirán de ejemplo para otras ciudades.
