Las organizaciones ecologistas alertan que el nuevo procedimiento podría ralentizar el despliegue renovable
Ante el procedimiento sobre la autorización de instalación de energías renovables, incluido en un Real Decreto-ley que el Congreso debatirá en los próximos días, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten de que puede tener un efecto contrario a lo que pretende.
En lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es probable que ralentice el despliegue renovable a base de demandas en los tribunales. Esto puede erosionar la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética.
Todo ello, mientras se expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico, a un riesgo innecesario y sin precedentes.
Las organizaciones recuerdan que no debe haber conflicto entre acelerar el despliegue de las energías renovables y la protección de la biodiversidad. Ambas medidas son imprescindibles para abordar la emergencia climática.
El riesgo para la diversidad
Las organizaciones ecologistas apremian al Gobierno de España y a los partidos políticos con representación parlamentaria a retirar esta medida y mantener el actual sistema. En este se restringe esta vía rápida de tramitación ambiental a proyectos ubicados en zonas de baja sensibilidad ambiental, cuya definición debe mejorarse.
En opinión de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, la medida pone en riesgo la protección de la biodiversidad y las políticas de desarrollo rural. Además de fomentar el desapego y el rechazo social al despliegue renovable.
Este rechazo puede producirse especialmente en las comunidades rurales retrasando la urgente y necesaria transición energética. Asimismo, las organizaciones ambientales inciden en que esta debe sustentarse en una planificación en positivo de energías renovables responsables, tanto social como ecológicamente.
La medida que se someterá a convalidación por parte del Congreso amplía de facto la vía rápida a cualquier proyecto renovable. Esto, independiente de su tamaño o de si se ubica en un espacio con altos valores ecológicos o especies amenazadas, aunque sí excluye aquellos ubicados en espacios protegidos legalmente o en el mar.
Inseguridad jurídica
La medida será de aplicación para todos los proyectos que tramite el Gobierno (aquellos superiores a 50 MW, es decir, los más grandes). Pero la norma habilita a las Comunidades Autónomas a aplicarlo en sus respectivos territorios.
Este planteamiento genera inseguridad jurídica y da pie a agravios comparativos, que ponen en duda la efectividad de la medida e, incluso, su ajuste a la normativa europea e internacional.
En primer lugar, porque acorta significativamente los plazos de tramitación ambiental para los proyectos de mayor tamaño. Estos, precisamente por ser más grandes y cubrir más superficie, tienen en general más riesgo de generar impactos críticos contra el medio ambiente.
En segundo lugar, debido a que los proyectos de energía renovable están ampliamente exentos del tratamiento ambiental ordinario, es difícil cumplir con las disposiciones de la Directiva de la UE que rigen los procedimientos de impacto ambiental
Falta de coherencia con las leyes, normativas y tratados
La medida excluye la participación de la ciudadanía en el proceso ambiental, lo que no tiene fácil acomodo con el Convenio de Aarhus. Este es un tratado internacional suscrito por España sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
A escala nacional, la medida tampoco parece guardar coherencia con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, en su artículo 21.2, señala que:
“para garantizar que las nuevas instalaciones de energía renovable no produzcan un impacto sobre la biodiversidad y otros valores naturales, se identificara las zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales”.
La medida es incoherente con lo que la propia UE ha pedido a los Estados miembros para acelerar el despliegue renovable. Todo esto frente a la crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania.
Aunque el reglamento europeo podría entrañar también graves problemas en el despliegue de las energías renovables, la Unión Europea ha pedido a los países que definan zonas de acceso prioritario para el despliegue renovable. Es decir, aquellos espacios que son preferentes porque su ubicación tiene poco impacto en la naturaleza.
La medida que el Ejecutivo español quiere aprobar parece declarar como zona preferente todo el territorio que no cuenta con alguna figura de protección ambiental. Esto choca con el trabajo que ya había hecho el Gobierno al aprobar una zonificación de su sensibilidad ambiental respecto a proyectos eólicos y fotovoltaicos.
Funcionarios en situaciones desfavorables
La medida sitúa a los funcionarios de los departamentos encargados del análisis ambiental de los proyectos en una encrucijada. Ellos se convierten en el único agente velando por cumplir la normativa. Además, cuentan con solo diez días para analizar el impacto ambiental de un proyecto mediante documentos aportados por su promotor.
Es asi como se habilitan 10 días para que los responsables de medio ambiente, principalmente de las CCAA, formulen observaciones al tener las competencias de conservación de la naturaleza. En el caso de que no puedan contestar, se considera como aceptación a la misma.
Lo que quiere decir que los órganos de la administración que disponen de la información ambiental más actualizada no participarán en el proceso, o lo harán de forma precipitada. De facto, supone que el proceso de evaluación de impacto desaparece y se convierte en una evaluación proporcionada por el promotor.
Propuesta de las organizaciones ecologistas
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra comparten la necesidad de sustituir de forma urgente las energías fósiles y nucleares por renovables y recuerdan que la senda de cómo hacerlo es clara.
Se trata de dotar de mayores recursos a los departamentos encargados de la evaluación ambiental, ordenamiento territorial y planeamiento para un despliegue ordenado. Además de priorizar los proyectos más cercanos a donde se consumen.
Esto significa promover el desarrollo de energías renovables en áreas de baja sensibilidad ambiental, priorizando las áreas degradadas. También, como ya habia decidido el gobierno, en aquellas áreas identificadas como de bajo impacto ambiental.
Conclusión
Poner en peligro el marco normativo europeo que vela por la protección de la biodiversidad será contraproducente para abordar la crisis ambiental. Cabe recordar que no va en sintonia con que el Gobierno aprobó en declaración ante la emergencia climática y ambiental.
En la declaración se incluía el fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad. Además del impulso de las oportunidades de transición energética para generar nuevo empleo verde. Esta es una acción contra el cambio climático que la sociedad española necesita.
El Mundo Ecológico / SEO/BirdLife
