En una decisión histórica en la lucha contra la especulación urbanística, el Tribunal Constitucional ha desestimado definitivamente el último recurso presentado por la Junta de Extremadura para evitar la demolición de Marina de Valdecañas. Tras 18 años de batalla judicial, 197 millones de euros en pérdidas y múltiples intentos de legalizar lo ilegal, la justicia española ha hablado: ni el dinero, ni el poder político, ni el paso del tiempo pueden convertir una construcción ilegal en legal. Así, los ecologistas han conseguido su victoria más histórica.
La demolición de este complejo de lujo construido sobre zona protegida, la isla artificial del embalse de Valdecañas (Cáceres), representa no sólo la mayor demolición de construcciones ilegales en España, sino también un precedente que cambiará para siempre las reglas del juego en el urbanismo español. Lo singular de este caso es que, por primera vez, la responsabilidad de esta construcción no recae en una empresa privada ni en un particular, sino en la Administración.
Crónica de un escándalo: cuando el poder decidió saltarse la ley
En 2006, mientras España vivía el boom inmobiliario más desenfrenado de su historia, un grupo de empresarios y políticos extremeños diseñó el que sería el resort de lujo más exclusivo del país. El lugar elegido: una isla formada artificialmente en los años 60 en el embalse de Valdecañas, en pleno corazón de la Red Natura 2000, el espacio natural protegido más importante de Europa.
A pesar de que todas las partes implicadas sabían que era imposible urbanizar allí, la promotora Marina Isla de Valdecañas S.A. levantó un imperio de lujo con 180 villas, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, un club náutico y un campo de golf en un ecosistema que debían proteger .
Así nació el resort Marina Isla Valdecañas, a sólo 164 kilómetros de Madrid y en las cercanías de la Sierra de Gredos.
Dieciocho años de batalla judicial ininterrumpida
- 2007-2009: Mientras se construían las primeras instalaciones, Ecologistas en Acción, quien ha liderado esta acción judicial durante casi dos décadas, interpuso los primeros recursos judiciales.
- Marzo 2009: El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anula el decreto de ciudades mixtas.
- Marzo 2011: El TSJEx anula el Plan de Interés Regional que permitía la urbanización, destacando «la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional«. Sin embargo, una desproporcionada fianza de 41 millones de euros impidió paralizar las obras cuando aún no se había construido nada.
- Enero 2014: El Tribunal Supremo confirma la ilegalidad, pero ya se habían construido los 185 chalets actuales.
- Noviembre 2019: El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña que intentaba legalizar la urbanización a posteriori.
- Enero 2019: El informe que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura pidió a la Estación Biológica de Doñana deja claro que «la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla«, lo que inevitablemente pasa por la demolición del complejo turístico.
- Febrero 2022: El Tribunal Supremo dicta la demolición total de todo lo construido.
- Septiembre 2025: El Tribunal Constitucional desestima el último recurso de amparo, cerrando definitivamente el caso.
Las maniobras desesperadas para evitar la demolición
La resistencia de la Junta de Extremadura a cumplir las sentencias ha sido constante, independientemente del partido político en el poder (PSOE y PP). Los intentos de modificar las leyes para legalizar lo ilegal han sido múltiples y creativos:
- Modificación de la Ley de Suelo extremeña (declarada inconstitucional)
- Cambios en la delimitación de la Red Natura 2000
- Marzo 2023: Aprobación de la Ley 2/2023 con la intención de legalizar Marina Isla de Valdecañas
- Mayo 2025: Inicio de trámites para modificar los límites de las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves)
Un precedente crucial para el urbanismo español…
La sentencia de demolición de una obra ilegal más importante de la historia de España supone 197,14 millones de euros, el 3,4% del presupuesto regional extremeño.
Además contiene importantes repercusiones para el urbanismo en España: impedirá interpretaciones interesadas para urbanizar en «suelo no urbanizable protegido» mediante diferentes coartadas. Además, la jurisprudencia sentada por el TS cierra la puerta a que las construcciones ilegales no puedan ser demolidas.
Existen miles de casos similares por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería o Madrid.
…Y para el medioambiente
La isla de Valdecañas forma parte de una zona de especial importancia para las aves migratorias y la biodiversidad del sistema fluvial del Tajo. Su restauración permitiría recuperar un ecosistema único que fue alterado por la construcción ilegal.
Para Ecologistas en Acción, Marina Isla de Valdecañas representa «uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español«. La sentencia del Constitucional envía un mensaje inequívoco: no se puede construir impunemente en espacios protegidos, por muchas presiones políticas y económicas que existan.
Dieciocho años después del inicio de la batalla judicial, la justicia ha hablado con claridad: lo ilegal no puede convertirse en legal por el paso del tiempo o la presión política.
La demolición de este complejo no sólo restituirá la legalidad ambiental, sino que enviará un mensaje claro a todos aquellos que pretendan especular con el territorio protegido: la justicia puede ser lenta, pero es implacable.